Participación ciudadana II

Segunda entrega para ayudarnos a pensar, ahora, con otros vientos en las políticas locales –en la política en general-, en nuevas propuestas para hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios más participativos, más democráticos; espacios para la construcción de ciudadanía.

Desde finales de los años noventa y durante la primera década de este siglo se observaron en Andalucía dos discursos entre los que, con aproximaciones y distancias, se ubicaron nuevas experiencias participativas.

En un extremo, un reformismo moderado, preocupado por la desafección ciudadana hacia la política institucional, buscó mayor legitimación en nuevos modelos de gobernanza y apostó por testar la “opinión ciudadana” en espacios participativos que, además, contribuyeran a sumar complicidad social a las decisiones, a veces controvertidas, de las autoridades.

En otro polo, un sector del municipalismo andaluz, influido por procesos latinoamericanos, propuso “radicalizar la democracia”. Democracia participativa para el empoderamiento ciudadano y la transformación social en unos contextos locales más próximos y permeables a la acción social comunitaria y a la defensa de los derechos políticos y sociales.

Ambos discursos surgieron de manera parcial en diferentes partidos de la izquierda, aunque dependieron de la posición de estos partidos –mayoría o minoría- en el seno de gobiernos locales de coalición. También de trayectorias concretas de determinados dirigentes políticos. Pero hubo una tercera postura que, además, fue la más extendida: no hacer nada. No decir nada. Nada innovador, nada transformador. Nada de nada.

Entre los dos polos citados –ambos minoritarios, el segundo más que el primero- se dispusieron sistemas e instrumentos participativos, territoriales y sectoriales, con asociaciones, vecinales o de otro tipo, y ciudadanas y ciudadanos a título individual. Algunas minorías, en algunos ayuntamientos, impulsaron procesos de presupuestos participativos, en ocasiones presentados como “la alternativa” para construir la democracia participativa local.

Las experiencias registradas, fruto de loables esfuerzos, pusieron de manifiesto, cuando menos, la existencia de sectores -políticos, ciudadanos y de empleados públicos locales- dispuestos a innovar e incluso a desbordar los estrechos marcos del sistema representativo. Así, se abrieron nuevos cauces institucionales (consejos, mesas sectoriales, foros ciudadanos, participación en planes estratégicos, etc.), si bien eminentemente consultivos e irregulares, con débil transversalidad y poca incidencia en los “grandes temas” urbanos. Justo es añadir que, salvo excepciones, generaron críticas en los sectores más exigentes e indiferencia entre la población. La participación ciudadana continuó ocupando, cierto que con más palabras y con más papeles, una posición periférica en el conjunto de corporaciones locales andaluzas.

Por su parte, los presupuestos participativos promovieron, en algunos lugares y momentos, no así en otros, cierta base social y numerosas demandas ciudadanas. Pero fueron excesivamente rígidos y complejos, a veces más atentos a recetarios y consignas de pretensión universal que a las dispares realidades locales donde se intentaron llevar a cabo, y contaron con escaso respaldo político y social. A partir de 2007, fueron desapareciendo; ya fuera por inacción o agotamiento, por su disolución desde los mismos ayuntamientos que los habían impulsado o, sin suscitar resistencias, por los gobiernos conservadores constituidos en 2011.

La década se saldó con algunos logros, sin duda desiguales, y con demasiada propaganda y autocomplacencia. En cierta medida los ensayos habían obedecido a intereses institucionales y a estrategias partidistas o de consultoras, cuando no a pugnas entre partidos e incluso entre facciones en un mismo partido. La gente, una vez más, pintó poco.

El marco político más reciente está tintado por los efectos de la crisis y por un profundo retroceso democrático, por la extensión del miedo y la incertidumbre y, en el asunto que nos ocupa, por un recorte sin precedentes de recursos y de autonomía local. Pero también por una fenomenal respuesta popular de innegables consecuencias políticas que, no podía ser de otro modo, se ha dejado sentir en los ayuntamientos.

La nueva política local, allí donde existe y resiste a enormes dificultades y presiones, podría tener en su haber un buen punto de partida: su origen popular y democrático y unas bases ciudadanas poco habituales en décadas de partitocracia. Y hay un buen número de experiencias participativas, propias y ajenas, de las que extraer enseñanzas.

Pedagogía política, información de calidad y transparencia, solidaridad social, defensa de la democracia y construcción de ciudadanía son bazas para encarar nuevas estrategias de participación, con centralidad real en la cosa pública local y pensadas para un largo recorrido. Con voluntad política y recursos para, a pesar de las dificultades, intentar gobernar, efectivamente, con la gente; o sea, con y para unas sociedades locales diversas y plurales.

Ese reto será materia de la próxima entrega.

 

José Mª Manjavacas

Participación Ciudadana I

Primera de tres breves entregas para ayudarnos a pensar, ahora, con otros vientos en las políticas locales –en la política en general-, en nuevas propuestas para hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios más participativos, más democráticos; espacios para la construcción de ciudadanía. Propongo que pensemos de manera crítica –y autocrítica- partiendo de las experiencias más próximas.

Aún en la Dictadura, en muchos “barrios obreros”, se constituyeron asociaciones en demanda de dignidad para las maltrechas periferias urbanas de las mayorías humildes. El movimiento vecinal contribuyó a extender la solidaridad entre los de abajo y a crear identidad de barrio. Y arrimó el hombro contra el franquismo y para construir la democracia local.  Un puñado de hijas e hijos de vecina vinculados a comunidades cristianas populares, a grupos comunistas, a sindicatos, o a nada y a la vez a todo, con el mal aliento de la represión en los cogotes, nos dieron parte de su juventud; sin medios, con más saberes que letras, con la convicción profunda de tener sólidos anclajes entre la gente y toda la vida por delante.

Se reformó el franquismo, pensamos algunos que demasiado poco, y llegaron las izquierdas a los ayuntamientos. Los cambios fueron innegables y las asociaciones vecinales encontraron, al menos, algunas vías de interlocución con unas autoridades locales con quienes hasta hacía un par de días habían compartido reuniones y protestas. Se le llamó “participación ciudadana”. Y la ilusión por construir la democracia local se redobló. Pero se esfumó pronto. Demasiado pronto.

Pocos años después, salvo honrosas excepciones, la tendencia dominante acabó sorteando al movimiento vecinal, semi-institucionalizado y arrinconado en el mejor de los casos a tratar sobre algunos asuntos del barrio, nunca sobre las cosas importantes de la ciudad, mientras se extendía el clientelismo. Clientelismo de izquierdas, clientelismo de derechas. Únanse los efectos de la desmovilización general que supuso confinar casi toda la acción política en unas instituciones representativas bajo el control de las corporaciones partidistas y la presión de las élites económicas y mediáticas de siempre.

Los noventa llegaron con ayuntamientos más fuertes y asociaciones más débiles. Y la ola de conservadurismo, local y global, conservadurismo de derechas y conservadurismo de izquierdas, apenas permitió un ramillete de “buenas prácticas” participativas, valiosas pero dispersas. Parte de las asociaciones vecinales evolucionaron hacia una suerte de peñas recreativas cuando no desaparecieron o se reconvirtieron en apéndices de los partidos; de los partidos gobernantes en algunos casos, de los partidos aspirantes a gobernar en otros.

Avanzada la década, el análisis de las políticas de participación ciudadana -donde las hubo pues lo general fue ciertamente poco más allá de formalidades y papeles- arrojaba un saldo complejo. De un lado, el modelo impulsado por los primeros ayuntamientos democráticos daba síntomas de agotamiento cuando no de abierto fracaso. Ni los ayuntamientos eran los mismos ni lo eran los barrios, ni las ciudades ni el mundo. Ni las asociaciones vecinales, que comenzaban a coexistir con nuevas iniciativas ciudadanas, formales e informales, más vivas, con relevo generacional y con nuevas preocupaciones y demandas sociales urbanas.

De otro lado, entre estas nuevas minorías más activas, se extendía el conocimiento de procesos participativos, más o menos exitosos en otros lugares, y el de nuevas metodologías participativas más abiertas, horizontales e inclusivas.  Teóricos de la participación, activistas sociales y técnicos locales comenzaron a proponer, implementar y difundir nuevas experiencias.

A lo anterior se sumó la preocupación de algunas autoridades, aun desde ópticas moderadas, por la desafección hacia la política y la deslegitimación de las actuaciones públicas, abogando por fórmulas de “innovación democrática” para facilitar las tareas de gobierno. Y sectores transformadores, minoritarios en los ayuntamientos pero con ciertos apoyos académicos y sociales, enfatizaron la viabilidad de nuevos procesos democráticos participativos.

Innovación democrática local y democracia participativa se incorporaron con el cambio de siglo a la agenda local. En realidad, más en un plano discursivo que en prácticas tangibles. Pero en un escenario con más palabras que hechos se hicieron cosas. Algunas interesantes. Y contradictorias.

Continuaremos donde lo dejamos.

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