Blas Infante, cuyo aniversario de nacimiento se cumple el 5 de julio, tenía 51 años cuando fue asesinado en Sevilla la noche del 10 de agosto de 1936 en el kilómetro cuatro de la carretera de Carmona.

Manuel José García Caparrós tenía 18 años cuando lo mató una bala durante las históricas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Ocurrió en Málaga, en los alrededores de la única Diputación andaluza en la que se había prohibido izar la verdiblanca. Sin duda, una provocación, como lo demuestra la imagen del joven Trinidad Berlanga escalando por su fachada con una arbonaida en las manos para intentar ponerla en el balcón. No lo dejaron. Guardias civiles y policías, junto a miembros armados de Fuerza Nueva,comenzaron poco después a disparar, parece que por orden directa del gobernador civil. Una bala hirió en el brazo al adolescente Miguel Jiménez Ruiz. Y otra, del calibre 9mm, como las que usaba la Policía Armada, acabó con la vida de Caparrós. Aunque se abrió una investigación, nunca hubo el menor interés en determinar los culpables: incluso el proyectil fue limpiado con acetona. Pocos días después, el 12 de diciembre de 1977, otra bala asesina acabó con el joven Javier Fernández Quesada a consecuencia de los disparos indiscriminados de la Guardia Civil en el campus de la Universidad de La Laguna. Ambas muertes provocaron que el 20 de diciembre de 1977 se abriera con urgencia en el Congreso una comisión de investigación, entonces llamadas «de Encuesta». La causa judicial sobre la muerte de García Caparrós fue archivada en 1985, al no haberse podido determinar los responsables penales. Inexplicablemente, la Comisión de Encuesta también se cerró sin responsables políticos. En ella declararon más personas que durante el proceso judicial. Ninguna mujer, por cierto. Algunas de las actas de aquellas sesiones son públicas. Pero no las del 13 de enero, 29 de junio y 9 de noviembre de 1978. ¿Por qué? ¿Qué esconden esas actas?.
Recientemente, la familia de García Caparrós solicitó al Congreso de los Diputados tener acceso a las mismas, para lo que hubiera bastado el acuerdo mayoritario de la Mesa, conforme al reglamento vigente. Sin embargo, en reunión celebrada hace pocos días, el 18 de mayo de 2017, la Mesa de la Cámara negó el derecho humano a conocer la verdad amparándose en el reglamento provisional y preconstitucional que regulaba aquellas comisiones, hoy inexistentes, el cual consideraba sus sesiones «secretas en todo caso».

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