Buscando la fosa de Lorca. Por Francisco Vigueras

Autor: Francisco Vigueras.

Fuente: El portal de Andalucía

BUSCANDO LA FOSA DE LORCA:

Nieves García Catalán sigue buscando los restos de su abuelo adoptivo, el maestro Dióscoro Galindo, arrojado a la misma fosa que Federico García Lorca. Esta “nieta coraje” ha tenido que llegar hasta el Tribunal Constitucional, después de que un juez de Granada haya rechazado su petición. Esta fosa, situada en Alfacar, se ha convertido en símbolo mundial de las víctimas del franquismo, pues en ella también están los restos del poeta más leído, admirado y buscado de todos los tiempos, que sigue desaparecido.

Mientras los jueces miran para otro lado, investigadores como Claude Couffón, Gerald Brenan, Agustín Penón, Marcelle Auclair o Ian Gibson han pasado por el barranco de Viznar-Alfacar buscando la Fosa de Lorca. Y ahora es Nieves García Catalán, más conocida como Nieves Galindo, la mujer que está impulsando una nueva búsqueda. Oficialmente no está buscando a García Lorca, pues la familia del poeta se opone, sino a su abuelo Dióscoro, que comparte fosa con Federico y los anarquistas Galadí y Cabezas.

Nieves es una nieta de la memoria perseverante. Ya en 2008 se dirigió a Baltasar Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional, para solicitar la orden judicial que permitiera abrir la fosa de Alfacar. Aquel primer intento no prosperó, pues el Tribunal Supremo aplicó la Ley de Amnistía del 77, como ley de punto final, para impedir al magistrado la investigación de los crímenes del franquismo. Y además, organizó una operación de acoso y derribo para apartarlo de la magistratura. Tras el bloqueo del Supremo, la Junta de Andalucía autorizó en 2009 la primera búsqueda arqueológica de la fosa, por la vía administrativa y sin tutela judicial. Ponía como condición garantizar el derecho a la intimidad de los familiares de las víctimas y que no se convirtiera en un “espectáculo mediático”, principal argumento utilizado por la familia Lorca para oponerse.

2009: la primera búsqueda arqueológica

Los arqueólogos se vieron sometidos a una presión informativa sin precedentes, lo que hacía muy difícil evitar filtraciones. La prensa de derechas estaba interesada en hacer fracasar el proyecto. Antes incluso de comenzar la excavación, el diario La Razón titulaba: “Pasen y vean el circo de Federico García Lorca, el espectáculo está a punto de comenzar”. Y los diarios comerciales buscaban la exclusiva a cualquier precio. Corresponsales llegados de todo el mundo: Europa, Estados Unidos, países árabes, Rusia, China e incluso Japón, se concentraron en la verja de acceso al Parque García Lorca de Alfacar y más de un reportero gráfico se tiró al monte para fotografiar los restos del autor de Yerma, es decir, para hacer la foto del año.

Después de meses de trabajo, los arqueólogos no encontraron “ni una esquirla de hueso” y llegaron a la conclusión de que Lorca y sus compañeros de muerte no habían sido enterrados allí. Comprobaron, mediante técnicas arqueológicas, que el lugar señalado por el monolito no era correcto. Algunos hablaron de fracaso, pero yo participé en aquella excavación y puedo decir que conocer la verdad nunca será un fracaso, sino el mayor éxito de una sociedad democrática.

En 2013, se hicieron nuevas catas para señalizar fosas comunes en el barranco de Víznar. En la denominada Fosa 2C, los arqueólogos encontraron los restos de tres cuerpos superpuestos y piensan que, de seguir excavando, habrían localizado un cuarto cuerpo. Sintieron la corazonada de que estaban ante la Fosa de Lorca. Para demostrarlo, tendrían que haber exhumado los restos, pero no estaban autorizados. El hallazgo se puso en conocimiento del juzgado que, una vez más, archivó el caso. No era la primera vez que la justicia ignoraba a las victimas del franquismo, ni sería la última. En 1986, durante las obras del Parque García Lorca de Alfacar, los obreros también encontraron unos huesos. Sin embargo, los responsables de la Diputación ordenaron que fuesen enterrados en otro lugar, sin poner el hallazgo en conocimiento de la Justicia. Han pasado ya 35 años y, a pesar de conocerse este enterramiento ilegal, ningún juez ha abierto todavía una investigación.

Ya en 2014, Nieves hizo un nuevo intento de buscar la fosa en la zona conocida como Peñón del Colorado. Esta vez, los arqueólogos pretendían comprobar la versión del capitán Nestares, jefe del frente de Viznar durante la guerra, que señaló la ubicación de la fosa en el campo de instrucción de Falange. En realidad, buscaban dos antiguos pozos de agua, presuntamente utilizados como fosas por los franquistas. Para ello, tenían que retirar toneladas de tierra que cubrían el subsuelo original, pues la zona había sido alterada para hacer un campo de futbol, provocando en su día una fuerte polémica. Las obras fueron finalmente paralizadas, pero el daño ya estaba hecho. Los arqueólogos tampoco encontraron nada, ni pozos ni fosa.

Nieves García Catalán: “Quiero cumplir la promesa que le hice a mi padre”

Y ahora, la Justicia vuelve a impedir que Nieves García Catalán realice una nueva búsqueda, a pesar de que cuenta con el apoyo de especialistas, de gran prestigio internacional, como el biógrafo lorquiano Ian Gibson, el antropólogo-forense Francisco Etxebarría o el abogado Eduardo Ranz. Pero no se da por vencida e insiste en recuperar los restos de su abuelo Dióscoro para darles una sepultura digna: “Quiero cumplir así la promesa que hice a mi padre, Antonio Galindo, antes de su muerte”. Nieves exige que se realice una microcata arqueológica en la Fuente de Alfacar para comprobar la existencia de un saco misterioso, enterrado ilegalmente en 1986, y que podría contener los restos de Federico García Lorca, Dióscoro Galindo González, Francisco Galadí Melgar y Juan Arcollas Cabezas. Ante la negativa del juez, ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional y, si este tribunal tampoco le da su amparo, está dispuesta a llevar su petición ante el mismísimo Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Por qué los jueces se niegan a buscar la Fosa de Lorca? La respuesta está en los pactos de la transición, que dejaron al poeta y a miles de víctimas del franquismo, la mitad de ellas en Andalucía, tiradas en las cunetas. Por tanto, cuando se habla de “transición democrática”, es indecente decir que fue modélica, ya que dejó en total desamparo a los familiares de las víctimas que, como Nieves García Catalán, siguen pidiendo verdad, justicia y reparación. Conclusión: el Estado español no puede ser considerado “Estado de Derecho y plenamente democrático”, mientras tenga 2000 fosas ilegales y más de 100.000 desaparecidos. Y mientras mantenga en vigor leyes franquistas e incumpla la legalidad internacional sobre desapariciones forzadas.

Declarar la guerra al calentamiento global. Antonio Aguilera

Autor: Antonio Aguilera

Fuente: Diario de Andalucía

 

DECLARAR LA GUERRA AL CALENTAMIENTO GLOBAL

Como las dietas milagrosas, las políticas y los presupuestos fallan estrepitosamente cuando se piensa sólo en el corto plazo. Es necesario diseñar una estrategia y trazar un camino, dando la importancia suficiente a aquellas cuestiones que van a ser determinantes en el futuro para plasmar en acciones concretas aquello que más valoramos. «No me digas lo que valoras, enséñame tus presupuestos y te diré qué valoras».

De forma muy grandilocuente, como el mayor de los éxitos, nos han anunciado que los últimos presupuestos públicos aprobados son los más progresistas, sociales y transformadores. Extraigamos algunas cifras que nos permitan cuantificar la visión de futuro y la importancia relativa que se otorgan a diversas variables fundamentales para nuestro futuro. La Oficina Española de Cambio Climático tiene una dotación total de 24,5 millones para implantar la normativa relacionada con esta materia. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo cuenta con un presupuesto de 384 millones de euros. El presupuesto de defensa este año es de 9.412 millones de euros. En términos numéricos, la lucha contra el Cambio Climático es el 0,2% del presupuesto del ejército.

En esta dura y aplastante comparativa es donde pueden visualizarse las prioridades y la ponderación de las amenazas. Esta foto fija cortoplacista, con criterios anclados en la más rancia historia no mira arriba y adelante para visualizar, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y el intensivismo agrario que, con sequías cada vez más extremas hacen que la desertificación afecte ya al 20% del territorio español, que las áreas críticas en Andalucía alcanzan al 87% del territorio y que en un par de decenios la mitad del suelo esté sometido a riesgo de desertización. ¿Y entonces qué? Porque el suelo se seca, deja de producir, se queda yermo, pero las consecuencias sociales, económicas, de pérdida de biodiversidad derivadas de este hecho, son catastróficas.

Estamos sufriendo una triste etapa de descreimiento en el que la opinión de los expertos no tiene el peso suficiente, pero ellos no se cansan de avisarnos de que es ahora cuando tenemos que actuar, y de forma contundente: La mayor amenaza real a la que se enfrenta la humanidad es el Cambio Climático. La prioridad no es fabricar y comprar armas sino plantar árboles, reducir la intensidad en el uso del agua, la energía, la generación de residuos. Un estudio publicado en Nature cuantifica, que en el año 2019, el 10% del PIB mundial se destinó a carrera armamentística; pues bien, si se redirigieran esos fondos y se destinase, sólo el 1% del PIB mundial a la lucha contra el Cambio Climático, se lograrían cumplir los acuerdos de Paris; y si se destinase el 5% del PIB mundial a la crisis climática, se alcanzarían los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas. Si cambiamos el foco y las prioridades, podemos hacerlo, sólo tenemos que dejar de gastar dinero en pelear y matarnos, e invertirlo en el futuro, en la vida.

Es hora de aumentar el grado de alarma sobre el Cambio Climático porque es una enfermedad global que no entiende de niveles de renta, de religiones, ni de derechas o izquierdas. El coste de asumir el reto es ya muy alto, pero el coste de la inacción es inasumible.

Alemania ha dotado una partida de 54.000 millones de euros para combatir el cambio climático, Italia ya ha asignado 55.000 millones de euros de su presupuesto a este objetivo. Recuerdo, la Agencia Española de Cambio Climático cuenta con 24,5 millones de presupuesto total.

Y desde luego, la restricción no es el dinero; es una excusa barata que solo les sirve a los malos políticos y a algunos intereses privados que, mientras tanto, siguen acaparando riqueza a costa de todos. La cuestión relevante es, primero, los valores, y a partir de ahí la actitud, la convicción, la determinación. Con estas herramientas pueden encontrarse muchas e imaginativas soluciones. Por ejemplo, China ha asignado a 60.000 soldados la tarea de reforestar, cada año plantan unos 84.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la de Irlanda.

En el proceso político, suelen estar primero las declaraciones, después la normativa y al final los presupuestos que las materializan. Andalucía sigue sin declarar en su parlamento la emergencia climática, es, como si aún no nos hubiésemos enterado de que el Cambio Climático nos está atacando y que está haciendo mella en nuestra salud colectiva, en nuestro territorio.

Si aún no se ha declarado la emergencia climática en Andalucía, árido se hace hablar de la normativa, con una ley, la de Cambio Climático de Andalucía, que, ya sea más o menos buena, está metida en un cajón; con un último decreto ley, el 3/2021 que faculta al Consejo de Gobierno a saltarse los procedimientos de protección ambiental vigentes. Con unos órganos de participación en este ámbito absolutamente inoperativos, desaparecidos. Y si miramos los presupuestos, la tristeza nos invade al comprobar que lo que Andalucía ha incluido en sus presupuestos son “más de sesenta indicadores que identifiquen los vínculos entre intervenciones presupuestarias y cambio climático”, unas referencias que, según la propia Junta de Andalucía, son “herramientas destinadas a promover la congruencia de las políticas tributarias y de gasto público con los objetivos ambientales y proporciona en la toma de decisiones una idea clara sobre los posibles impactos ambientales de las cuentas anuales de la Administración autonómica, con el objetivo de estimular buenas prácticas en la recaudación de ingresos y en la asignación de recursos», es decir, no hay presupuesto en Andalucía para combatir y mitigar el Cambio Climático sino índices de “bondad» de los presupuestos andaluces, y a esto tienen el descaro de llamar “revolución verde”. No dejemos que nos tomen el pelo, la inacción en la lucha contra el cambio climático es dañina, dolorosa, triste. No admitamos más excusas ni juegos de palabras, asignemos recursos públicos al mayor reto que tiene por delante la humanidad.

Fenicia Vs. Tartessos. Por Rafael Sanmartín

Autor: Rafael Sanmartín.

Fuente: “La Voz del Sur”

 

La ciudad de Tartessos era Sevilla. Lo ha dicho el afamado profesor arqueólogo y lo más probable es que sea cierto. Las condiciones geofísicas del territorio y los descubrimientos lo apoyan. Pero ha dicho Sevilla, veremos a ver. Si eso se dijera de cualquier otra ciudad, no importa cual, se vería de lo más normal, en cambio ahora… no sería extraño que lo acusen de «centralista», el colmo: considerar centralismo que Tartessos pueda haber nacido en esta ciudad y se extendiera alrededor, como han hecho todas las ciudades-estado de la tierra. Cainismo andaluz importado porque nunca antes de la primera mitad siglo XX se había vivido ese visceral rechazo a una ciudad por haber irradiado fuera su cultura, por haberse hecho foco de atracción de un espacio físico mucho más extenso que la Comunidad en que ha quedado enclavada. Porque la Comunidad ha sido constreñida, privada de parte de su territorio natural como tierra conquistada.

Pero al profesor también le ha brotado el «pronto», la obsesión-principio político de, apoyado en la falacia de un «Ejido sin población» negar la existencia de Andalucía, no vaya a ser que sepamos quienes somos. Para eso hace a los andaluces dependientes de Tiro, la ciudad que quiso colonizar el Mediterráneo, y pese a la osadía de suponerla madre de Spalis, fue incapaz de doblar el Cabo de San Vicente, con lo que les hubiera gustado llegar a las islas Casitérides para arañar el estaño con que fabricar el bronce que se veían obligados a comprar a sus supuestos hijos tartesios. Desmadre familiar resultado de confundir el deseo personal y particular con el resultado de unos datos afirmación de lo contrario. Defender que los fenicios, enemigos de alejarse de las costas —si podía ser una isla, mejor— llegaran a Carmona, desvarío lanzado hasta Las Cabezas, Osuna ó Écija y lo peor: que sean fundadores de todas estas ciudades sólo tiene la justificación política de no reconocer Tartessos, para no reconocer la antigüedad de Andalucía.

Persiste el error de atribuir procedencias por cierta semejanza en algunos nombres Herakles – Melkart— o —Astarté – Ihstar, por ejemplo, Como si Ihstar no fuera también equivalente a Venus ó Afrodita y otras diosas orientales. O por algunas piezas de orfebrería, como si en aquel tiempo los pueblos estuvieran impedidos para aprender unos de otros o para copiar sus artes. O para comprarlas. Demasiado estancos ve el profesor a nuestros antepasados; a ver si puede aclarar cuando, en qué momento de la historia empezaron a comunicarse y a comparar sus divinidades. Baal es una divinidad oriental adorada desde Cartago, el actual Túnez, hasta Babilonia, más allá de los límites del actual Irak. Resuelta la confusión existente hasta mediados del siglo XX, entre Herakles —el divinizado hijo de Zeus— y el comerciante Melkart, quedó claro que se trata de dos seres distintos. Distintos y dispares. Melkart es el comerciante, verdadera expresión fenicia, que viene de Tiro. Herakles es griego y sólo viene al Jardín de la Hespérides de visita, para cumplir algunas de las pruebas probatorias de su ascenso al Olimpo.

La dependencia tartessa de Tiro queda desmentida por la batalla naval entre las escuadras de Híspalis y Gadir, entre el Santuario del Lucero y Puerto Menesteo. Los fenicios son conocidos como buhoneros del Mediterráneo porque comerciaban entre ambos extremos, excepto en las factorías griegas o egipcias, siempre enfrentados a ellos. Eso significa que debe ser fácil encontrar cerámica oriental, importada de siria, en el sur de la Península. Igual que los tartesios transportaban a las costas sirias el bronce de su fabricación y el hierro de sus minas. Y aceite; y el mármol de sus canteras, entre otros productos. Pero nadie ha sufrido la fiebre de decir que el Templo de Salomón es obra de los tartesios y, como consecuencia, son los que fundaron la ciudad de Jerusalén.

Respecto a la terminología está probado que Spal, transformado posteriormente por deformación fonética en Híspal, significa literalmente lugar del agua. Lástima que no se haya podido descifrar todavía la escritura tartesia, lo cual añadiría mucha luz a esta oscuridad en la que algunos se empeñan en encerrarnos. Lástima de hijos de Baal que aún no existían, pero porque no tiene equivalente en Andalucía y Melkart quedó circunscrito a las colonias de influencia fenicia mientras en las ciudades propiamente tartessas el personaje, aunque no el dios, era Herakles. Evidencias hay gracias a los autores griegos. Sostener que los fenicios, apegados a sus adoradas costas, se adentraron más de cien kilómetros, es pura y lamentable invención que haría reir a Baal y a Melkart juntos. Imaginación necesaria para defender unas tesis a las que el arqueólogo se aferra con la fuerza de su compromiso político sin demostrar nada, porque ni la opinión ni el deseo pueden suplir a la evidencia.

Rafael Sanmartín.

Justicia: del Mito al Logos. Por Julio Jiménez

El ser humano comienza el camino hacia el conocimiento y la verdad buscando respuestas sobre su existencia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Qué es el universo?

En la Antigüedad, las religiones, los dioses, eran los que poseían las soluciones a estas cuestiones que se transmitían por la tradición oral de generaciones en generaciones. Es lo que llamamos MITO (relatos sobre dioses que explican el principio de la vida y los fenómenos de la naturaleza). Homero y Hesíodo son los primeros que plasman por escrito estas historias míticas de dioses, del bien y del mal, de los justo e injusto.

El paso del mito al logos se inicia en la antigua Grecia con los filósofos de la naturaleza, también llamados presocráticos. (siglo VII y principios del IV A.C.) estos, no se planteaban cuestiones sobre el fin y la misión del individuo, o la relación entre el pensar y el ser. Todas estas preguntas encontraban sus respuestas en la naturaleza y el cosmos. Entendían los cambios del medio y sus procesos estudiando la misma naturaleza. Este es el momento en el que la filosofía se independiza de la religión y empieza la verdadera búsqueda de la evidencia. 

La justicia en estos pensadores es justificada desde un planteamiento cósmico, naturista y divina. La diosa Dike protege a los hombres nobles y persigue a los injustos para imponerles castigo. Enemiga de las falsedades y sabia a la hora de discernir entre lo justo y lo improcedente.

Tales de Mileto opinaba que el agua era el origen de todas las cosas, es el elemento que dio comienzo al universo.

Para Anaximandro, el principio de la existencia se sitúa en una naturaleza infinita, en lo indefinido, con una extensión ilimitada, en “el ápeiron”. El concepto de rectitud y equidad lo asocia a la diosa Diké, la inmoralidad y la tropelía a Adikía, espíritu de los males de la humanidad. En un fragmento de su obra recogido en el trabajo de A Rodolfo Mandolfo “la Justicia en los orígenes de la filosofía del derecho”, se nos dice: “Lo ápeiron es el comienzo y el origen de todo lo existente. Más la fuente de la cual surgen las cosas existentes es también aquella a la que retornan para fenecer según la necesidad; pagan así mutuamente justo castigo y expiación por su injusticia de acuerdo con el orden del tiempo”.

Anaxímenes consideraba que el inicio de la vida estaba en los cuatros elementos, tierra, mar, aire y fuego, pero el punto de partida estaría en el aire como materia primaria. Opinaba que el agua es aire condensado que surge del cielo cuando llueve.

Parménides Pensaba que todo lo que hay, ha existido siempre. Todo es eterno, nada puede surgir de la nada por lo que ningún cambio es posible. Personaliza la honradez de la humanidad en Diké.

Para Heráclito los cambios constantes, el todo fluye, son los rasgos más importantes de la creación, pero asegura que existe una unidad, un todo al que llamaba “dios” o “logos” como la causa del inicio de la vida. Heráclito sostiene que existe una “ley divina” que sirve de modelo donde han de inspirarse las leyes humanas.

Empédocles piensa que la naturaleza dispone de cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego. Los cambios que se producen se deben a la unión y separación constante de estos componentes. Entiende que existe una ley universal que rige todo el Cosmos.

“Lo que es justo puede muy bien ser expresado dos veces” (frag.25)  “Pero una ley universal se extiende por el amplio dominio del aire y por el infinito de la luz” (frag 135)

Pitágoras entiende la realidad desde una forma matemática. El origen son los números. Los cuerpos físicos son una unión de puntos geométricos que forman líneas, superficies, planos etc. La realidad se construye dividiéndola en unidades que se pueden medir, operar y abstraer de forma matemática. La justicia es una igualdad matemática entre dos miembros, la pena debe ser igual al daño causado por el delito. Aparecen los conceptos de proporción y equilibrio.

Anaxágoras concluye que la naturaleza está formada de elementos minúsculos, invisibles al ojo humano a los que llamaba “gérmenes” o “semillas” que estaban organizadas por una fuerza de creación llamada espíritu o entendimiento.

Por último, Demócrito entendía que todo estaba construido por unas sustancias muy pequeñas, invisibles e inalterables a las que llamó “átomo”. Existen millones de átomos de formas distintas que constituyen los diferentes cuerpos. Cuando éste muere, ejemplo una persona, los átomos se desintegran y forman otro cuerpo. Demócrito piensa que la práctica de la equidad llevará al hombre a su felicidad. “La justicia consiste en hacer lo que se debe, la injusticia es omitir el deber, esto es, dejarlo de lado” (frag 256).

Julio Jiménez Cordobés.

Febrero 2021

Élites de poder económico en Andalucía III. Por Manuel Delgado Cabeza.

Fuente: “El Portal de Andalucía”

No pocos de los apellidos aparecidos en los artículos anteriores y otros nuevos que surgieron al calor de la burbuja inmobiliaria, encontraron en las plusvalías asociadas al negocio inmobiliario una manera fácil y rápida de hacer dinero basada en la revalorización del suelo y los activos inmobiliarios; un negocio con la llave en manos del poder político local, en el que se extendieron las prácticas caciquiles, la corrupción y las componendas relacionadas con el mismo. En la etapa de auge (1997-2008), los amos del negocio inmobiliario apoyaron su expansión en dos pilares: las cajas de ahorro y el poder político local. Las cajas de ahorro, en manos de quienes tenían el control del poder político, asumirán un papel fundamental no sólo en la financiación de los proyectos urbanísticos, sino también como actores que intervienen directamente en el negocio inmobiliario a través de sociedades participadas. Dándose la paradoja de que quienes debieran procurar, desde las instituciones políticas, la ordenación del territorio, el uso del suelo y la planificación urbanística en beneficio del conjunto de la sociedad, vienen a ser los mismos que desde el gobierno de las cajas alimentaban un modelo urbanístico en el que se “ordenó” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos en la trastienda de partidos políticos y empresas. Actuando los profesionales de la política como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto. “Votemos a los constructores y dejémonos de intermediarios”, decía un personaje de El Roto. El expolio se llevó por delante también a las cajas de ahorro andaluzas, que fueron absorbidas, salvo alguna excepción como Unicaja, por grupos bancarios localizados en Cataluña, Madrid y el Pais vasco, reforzándose así dentro del Estado la concentración del poder económico localizado en las economías centrales.

En este contexto cabe señalar que los apellidos que lideran en Andalucía el negocio inmobiliario son propietarios de grupos empresariales medianos y pequeños, como nos muestra el lugar que ocupan en el ranking español. Cuando el proyecto sobrepasa una determinada envergadura, los grupos andaluces que intervienen juegan un papel subalterno como subcontratistas o auxiliares de los grandes grupos con sede en Madrid o Cataluña. Los metros de Sevilla y Málaga pueden ilustrar esta subalternidad. En su construcción, las empresas andaluzas juegan el papel de satélites alrededor de astros como ACS, y Sacyr en el caso de Sevilla y FCC en Málaga, las tres involucradas en varios casos de corrupción y con apellidos detrás como Florentino Pérez, March, Carceller o Koplowitz, los tres últimos asociados a imperios empresariales protegidos y expandidos bajo el amparo del régimen de Franco. Los Metros de Sevilla y Málaga se construyeron con sobrecostes -costaron el doble de lo previsto-, justificados utilizando procedimientos que, según un Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía carecían de cobertura legal.

Muchos de los capitales hechos en Andalucía al calor del ladrillo terminaron en un rosario de procesos judiciales del que quizás el más emblemático fue el conocido como caso Malaya, un entramado descubierto a mitad de la década de los 2000 que encubría los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y otros; con personajes como Julián Muñoz o, después de la muerte de Jesús Gil, el capo de la trama,  Juan Antonio Roca, al que por aquel entonces algunos llamaban, con ese sentido del humor que aquí ha ayudado siempre a sobrellevar el malestar, “el aloe vera”, porque, “cuanto más se le investiga, más propiedades se le encuentran”.

Al margen de los procesos judiciales, el estallido de la burbuja en 2008 se llevó por delante a muchos de quienes habían conseguido, gracias a ella, hacer fortuna. Entre ellos destaca en Andalucía el caso del sevillano Luis Portillo. “Salido de la nada”, pero protegido por el PSOE y a la sombra de la Expo 92, el llamado príncipe del ladrillo llegó a acumular en 2006 un patrimonio bursátil y empresarial estimado en 3.785 millones de euros, siendo según Forbes la tercera fortuna de España. Ese año presidía tres grandes inmobiliarias: Inmocaral, Colonial y SFC. Con la presentación en 2012 del concurso de acreedores por parte del Grupo Zent Inversiones, cabecera de su holding patrimonial, llegaba el ocaso de este personaje, hoy prácticamente desaparecido. Los daños sociales y ecológicos que causó la avaricia y la ambición de riqueza y de poder de este “emprendedor” perdurarán durante muchos años.

Entre los patrimonios fraguados al amparo del negocio inmobiliario que han conseguido trascender la coyuntura de la última burbuja cabe citar a la familia Cosentino, -en quinto lugar, entre los ricos de Andalucía en 2020, con un patrimonio valorado en 550 millones de euros-, dueños del Grupo Cosentino, nacido de la extracción del mármol de Macael. Hoy a través de la sociedad Surister invierte en suelo, inmuebles y hoteles y gestiona fondos de inversión a través de Artá Capital (Grupo March). Entre las mayores fortunas de Andalucía -265 millones de euros – figura también la familia Beca Borrego (Grupo Bekinsa), con inversiones inmobiliarias, hoteleras y agrícola-ganaderas en 11.000 hectáreas de su propiedad. Son dueños de la Sicav (sociedad de inversión de capital variable, fórmula societaria creada en 1983 por el gobierno de Felipe González y utilizada en la práctica por las grandes fortunas para eludir impuestos) Almaro y sus inversiones se localizan en Andalucía, Extremadura, Portugal y Uruguay.

A menor escala cabe citar los nombres de Contreras Ramos (Grupo Azvi, primera constructora andaluza, con una importante expansión internacional, aunque en el lugar 54 en el ranking español); Sánchez Domínguez, grupo Sando, segunda constructora andaluza (76 en la clasificación española), para el que la concesión de varios tramos de la autovía A-92 se convirtió en la principal fuente de ingresos y base de la expansión del grupo. También puede mencionarse al segundo accionista de Sacyr a través de Beta Asociados, José Moreno Carretero, con inversiones en todo tipo de fondos a través de Beta Equity, sociedad de capital riesgo.

Algunos apellidos vinculados al negocio inmobiliario han conseguido, después de atravesar situaciones difíciles, salvar parte de sus patrimonios; es el caso de Nicolás Osuna, propietario del grupo NOGA, que ha experimentado una fuerte reestructuración en 2015 dando lugar a Inmobiliaria Osuna S.L., un entramado empresarial del que forman parte Noga Capital, inversora para operar con valores y activos, o la división de la cadena Hoteles Center, S.L. Osuna es también propietario de miles hectáreas de olivar, agrupadas bajo la firma Haciendas del Sur, que le convirtieron en uno de los de los mayores receptores de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Como lo son otras familias andaluzas de las ya aquí reseñadas. Desde 2008 a 2016, 60 de las 200 mayores fortunas del Estado español cobraron más de 250 millones de euros en subvenciones de la PAC (eldiario.es 28-03-2016). Tres “grandes familias” afincadas en Andalucía encabezan la clasificación: Los Mora-Figueroa Domecq, con 50 millones de euros, los Domecq, con 37 y la familia Hernández Barrera, con 29. 

Aunque muchos de los negocios inmobiliarios anteriormente reseñados han crecido a la sombra del “desarrollo” turístico, el territorio andaluz se ha convertido en una pieza central para las grandes cadenas turísticas globales, estrechamente vinculadas al capital financiero e inmobiliario, de tal modo que en Andalucía apenas existen hoy patrimonios de cierta entidad vinculados al negocio turístico local. Entre la relación de los cien primeros grupos hoteleros en 2018 dentro del Estado, sólo cuatro tienen su sede en Andalucía y de entre ellos, solo dos pertenecen a familias con patrimonios de cierta entidad.

Uno es el grupo Center, propiedad de Nicolás Osuna, terrateniente y constructor a quien nos referimos antes. El otro es el Grupo Hoteles Playa, propiedad de la familia Rossell, asentada en Almería. La expansión de este grupo fue impulsada por Unicaja y el primer escándalo en el que se vió envuelto José María Rossell, casado con la entonces senadora del PP María del Mar Agüero, vino como resultado de la investigación de la trama asociada a la operación Malaya. El Hotel Senator de Marbella, perteneciente a Hoteles Playa, fue precintado en 2006 después de que su licencia de obra, otorgada por el alcalde Julián Muñoz, hubiera sido declarada ilegal y suspendida en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. Más adelante, en 2010 fue detenido, considerado testaferro de Dimas Martín, expresidente del Cabildo de Lanzarote y epicentro de un importante entramado de corrupción en la isla. La entrada de Rossell en negocios vinculados a la familia Martín coincidió con la concesión a aquel de una licencia de obras para construir un hotel de cinco estrellas en Lanzarote que no se vio concluido porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia por haber sido concedida por el ayuntamiento presidido por Dimas Martín de forma irregular. A pesar de su papel clave en estos casos de corrupción, José María Rossell y su grupo empresarial aparecen hoy como modelo a seguir, habiendo recibido numerosos premios y reconocimientos, entre otros el nombramiento por parte de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como “Mejor empresario del Sector Turístico”. En otro ejemplo más de asociación entre carencia de escrúpulos y éxito empresarial.

Vuelve a evidenciarse aquí el predominio de las formas de apropiación de riqueza a partir de extraer plusvalías de un valor que no tiene que ver con la función del empresario como productor de mercancías, sino que se obtiene a través de meros procesos especulativos, de revalorización de activos, dando lugar a la acumulación y concentración de la riqueza en manos de unos pocos por desposesión y/o adquisición de lo que pertenece a la mayoría. En un contexto en el que no es el “libre” mercado el que organiza la economía sino los intereses y el poder de quienes son capaces de imponer las reglas del juego poniendo al sistema político y a otras instituciones del Estado a su servicio; la idea de mercado encubre así el gobierno del poder económico y las relaciones de dominación sobre los procesos de toma de decisiones económicas, sociales y políticas.

Las élites económicas son hoy la encarnación más cruda del homo economicus, de su orden patriarcal y colonial, un hombre que actúa sin restricciones morales o éticas, utilizando a los demás y a la naturaleza como meros instrumentos para satisfacer su ambición insaciable de riqueza y de poder. Desde una individualidad inventada negando los cuidados y las emociones ligadas con las relaciones afectivas. Desde una racionalidad para la que lo indispensable es inútil.

Cuando el coronavirus pone más en evidencia que somos vulnerables, interdependientes y ecodependientes, (yo soy si tú eres), estas élites parecen haber encontrado, en una pandemia que todo apunta a que tiene mucho que ver con la depredación propia del homo economicus, las condiciones idóneas para extender una digitalización, que en nombre de la tecnolatría y el “progreso” acentuará el aislamiento y la disolución de los vínculos comunitarios, facilitando así el control social, y el sometimiento a los designios del Poder. En un momento en el que, si queremos evitar la barbarie, es urgente cambiar la necesidad de dominar por la fuerza que dan el compartir, las raíces y los vínculos con los demás. Comunidad frente a dominación. En esta encrucijada estamos.

Aún es posible la esperanza por Tomás Gutier

AÚN ES POSIBLE LA ESPERANZA

 

Somos porque fuimos

                                                                                              y seremos porque somos

 

Hace más de cien años, el pueblo andaluz salió a las calles de Andalucía rebelándose ante la situación de miseria física y social, ante la postración a la que el poder lo tenía sometido. El manifiesto publicado por el incipiente movimiento andalucista comenzaba con una llamada al tenue ser milenario. “Ciudadanos andaluces, nuestra voz quiere llenar de imperativos de vida clamorosa y palpitante el silencio de muerte de vuestras conciencias calladas…”. Meses después, y en una manifestación celebrada en Córdoba, se gritó por primera vez “Viva Andalucía Libre”. Y antes de ser asesinados, nuestros antecesores nos dejaron un himno que clamaba: “Andaluces levantaos, pedid tierra y libertad”.

Hace más de cuarenta años, el pueblo andaluz inundó las calles de Andalucía con un grito unánime de dignidad que retumbó por toda España y conmocionó a la Europa de los mercaderes. Su exigencia era simple y clara: “No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie”. Y un malagueño dejó su vida ante los disparos de un mal nacido y muchos andaluces y andaluzas, perdieron su vida entre la sordidez de unos dirigentes embaucadores y la codicia de territorios mejor situados gracias a su influencia en la presuntamente desaparecida dictadura. Los andaluces se sabían abandonados… y lo asumían con plena conciencia.

Hoy, el pueblo andaluz ha cambiado, ya no grita, no se rebela, no se levanta. Hoy, el pueblo andaluz dormita anestesiado mediante inyecciones de per, de subvenciones, de planes de empleo, de subsidios y resto de limosnas, tanto europeas como españolas. Actualmente, el pueblo andaluz deja su dignidad en el aparcamiento del centro comercial donde permuta ser por tener. Y, aunque en su interior reconoce que eso no es lo que desea, acepta la situación, porque, al menos, no pasa hambre. Y se olvida de la respuesta que, a comienzos del pasado siglo, un jornalero dio al cacique que le ofrecía cinco pesetas por votar a los suyos: “¡En mi jambre mando yo!”.

Esta ilógica situación no es natural. Ni es consecuencia de la historia, ni de un racional desarrollo humano, ni de la acción social, ni de la labor productiva de un pueblo, es algo diseñado y ejecutado desde un poder superior que prima a territorios ubicados en el centro-norte de España y castiga al sur invadido que, por ser colonia, ha de estar varios escalones más abajo de los demás.

Y, para nuestra deshonra y desgracia, los cipayos que llevan a efecto este inicuo trabajo son los gobernantes que elegimos cada cuatro años para que administren nuestra autonomía. Aquellos que hace cuatro decenios abanderaron hipócritamente las cabeceras de las propuestas, son los mismos que, año a año, legislatura tras legislatura, han ido traicionando a Andalucía y a su gente, no sólo con alarmantes prácticas de corrupción que hieren el ser andaluz, sino por el detrimento cultural, social, industrial, investigador y político que le han usurpado para satisfacer sus mezquinos intereses y los de su jaez. Virreyes mercenarios que algún día, después de enfrentarse a la justicia, tendrán que rendir cuentas ante el pueblo y ante la historia.

Tanto los gobiernos estatales como, y principalmente, los gobernantes andaluces han ido apagando cualquier sentimiento de identidad y de cariño hacia la tierra donde desarrollamos nuestra vida y donde muchos de nosotros encontraremos el final de nuestros días. Si no amamos a nuestra casa, si no queremos a nuestra familia, si no luchamos por nosotros mismos, ¿por quién vamos a pelear?

Los distintos gobiernos estatales y andaluces, han ido postergando y utilizando a la noble Andalucía, como moneda de cambio en provecho partidista o de diversos intereses espurios, frente a otras autonomías españolas o frente a intereses europeos. Y, todo ello, una y otra vez, hasta el punto de llevar a nuestra matria andaluza a la paupérrima situación actual: desposeída de sus genuinos valores culturales; desplazada a los últimos lugares del desempleo europeo; esquilmada de sus grandes industrias pretéritas y defenestrada de sus fecundos recursos endógenos. Ello provoca que, de nuevo, nuestros jóvenes tengan que emigrar allende nuestras fronteras para poder conseguir una forma de vida algo aceptable.

Andalucía ha visto, además, cómo desaparecían las bases militares foráneas de otros territorios, mientras aquí se mantenían y ampliaban -la franja occidental soporta dos estadounidenses y una británica-, cuando, precisamente, es un pueblo que respira paz por todos sus poros. Andalucía también se utiliza como territorio de actividades extractivas, que deterioran el medio ambiente, mientras el valor añadido de esos mercados se genera fuera de nuestras fronteras beneficiando a terceras regiones. Los productos agrícolas modificados genéticamente son preponderantes en nuestros cultivos.

Una cualidad innata del pueblo andaluz es la asunción de otras culturas y el acogimiento de otros pueblos. Hace miles de años los civilizados tartésicos mantenían comercio con los pueblos mediterráneos y ofrecían su tierra a los desplazados focenses. ¿Cómo hemos podido llegar a estos comienzos del tercer milenio permitiendo ser utilizados por la Europa capitalista e insolidaria como parapeto contra los migrantes africanos que huyen de las guerras, los expolios y los gobernantes sanguinarios, instalados por, y cómplices de, quienes les esquilman y provocan las guerras? ¿Hemos probado alguna vez si todo cambia dejando de robar a África sus recursos básicos?

            Nos alteran nuestro ser, adulteran nuestra identidad, la aculturación nos destruye como personas. Compra, compra, compra. ¿No nos damos cuenta de que, cuando España o Europa nos subvenciona, recupera lo invertido, más sus buenos réditos, al gastar nuestro escaso peculio en el hipermercado de una multinacional o en la inversión que hacemos para mejorar nuestros exiguos bienes? ¿Nadie analiza la débil producción que tiene Andalucía y sus dañinos efectos? Destrozado el sector primario y boicoteado e impedido el secundario, solo nos queda esa parte del sector terciario llamada turismo. Hace años nuestros padres y abuelos partían hacia el exilio catalán o europeo para ocuparse en los trabajos que nadie quería, hoy, hacemos lo mismo sin movernos de nuestra tierra.

            Y lo peor de todo es que esta situación se produce con nuestra aquiescencia. Tenemos miedo a los hipotéticos extremos, al aparente radicalismo, al indefinido terrorismo… Miedo al cambio y a creer en nosotros mismos. Miedo a pensar en andaluz. Miedo a amar Andalucía. El refrán castellano ‘más vale malo conocido que bueno por conocer’ lo aplicamos sin meditar sus consecuencias. Y un pueblo al que llaman de izquierda se comporta de la manera más conservadora posible.

            Cuando se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, en 1981, fue necesario incluir en su articulado una disposición adicional que decía así: ‘Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel mínimo’. Se llamó Deuda Histórica. Ningún gobierno español se tomó en serio esta disposición. Los gobiernos andaluces, siempre en manos del mismo partido, reclamaban cuando mandaba otra formación política y se callaban de forma cobarde y miserable cuando eran los suyos quienes ostentaban el poder en Madrid. Las circunstancias socioeconómicas, la brecha entre Andalucía y el resto de España, fue creciendo sin que nadie se preocupara en poner soluciones. En 2007, con el mismo partido gobernando en España y en Andalucía, se reformó el Estatuto, la disposición adicional desapareció y seguimos los últimos en todos los parámetros sociales y económicos.

            Nuestro lema dice: Andalucía por sí, para España y la humanidad. ¿No hemos hecho bastante ya por los demás? ¿Podremos alguna vez pensar en el por sí?

            Si no construimos nuestro futuro está claro que alguien lo hará por nosotros. Y más claro está que sus intereses no serán los nuestros. Así lleva siglos sucediendo y las consecuencias son aterradoras. La actual situación de Andalucía no tiene un desarrollo natural, ni es consecuencia de las acciones de sus habitantes sino de intereses exteriores que le afectan y dañan.

            Al no ser algo natural debe tener, y tiene, solución.

            Es necesario que el pueblo andaluz conozca, en palabras de Blas Infante, su verdadera historia y esencia. Es necesario volver a dar ejemplo de convivencia y armonía como ya se ha hecho en etapas anteriores. Es necesario volver al ser andaluz: humano, pacífico, tolerante, trabajador, empático, constante, serio, decidido, resiliente. Es necesario recuperar la libertad que da la cultura y el conocimiento. Es necesario trabajar para poder ocupar el lugar que la vida nos tiene asignados. Es necesario luchar por nuestros derechos, por nuestra identidad, por nuestro progreso.

Es imprescindible que el histórico, solidario y culto pueblo andaluz, retome del lugar donde se encuentra postrada y destrozada su bandera verde y blanca. Y enarbolando un emblema con cerca de mil años de antigüedad, haga resurgir los grandes valores humanos que encierra su cultura, acogerse a su patrimonio histórico como pueblo andaluz y recuperar urgentemente su desarrollo industrial, agrario, comercial y productivo. Rescatar su cultura y redimir su dignidad, para así satisfacer las grandes necesidades de una comunidad de hombres y mujeres libres que siempre ha convivido en paz y armonía. Sabiendo dar ejemplo para beneficio propio y de la humanidad.

            Un pueblo con más de tres mil años de historia conocida no puede estar permanentemente adormecido sin que un quejío de su corazón le despierte del letargo.

Desde nuestra alma milenaria evoquemos al pensador y médico cordobés, José Aumente, andaluz de conciencia, que, a escasos días de abandonarnos para siempre, nos dejaba un mensaje pleno de amor y grandeza: “Aún es posible la esperanza”.

Élites de poder económico en Andalucía II, por Manuel Delgado Cabeza.

Fuente: El portal de Andalucía.

Autor: Manuel Delgado Cabeza.

Pertenecientes a una saga con origen en la burguesía agraria andaluza y vinculados y emparentados con otras ramas de la misma, hay que incluir aquí a los Benjumea, hasta 2015 “amos” de Abengoa, empresa fundada en 1941 y en sus comienzos dedicada a montajes eléctricos, que más tarde extendió su radio de acción a otros campos como infraestructuras, energía, ingeniería y construcción, convirtiéndose con el tiempo en un grupo empresarial multinacional que durante muchos años fue el más importante con sede en Andalucía.

Los Benjumea llegaron a Andalucía desde la Rioja en el siglo XVI con motivo de la conquista castellana y a la sombra del Duque de Osuna dos siglos más tarde estaban en la cúspide social de La Puebla de Cazalla como ganaderos y grandes propietarios de tierras. También la familia Benjumea, como veíamos que ocurrió con otras familias de la oligarquía agraria, colaboró a fondo con los sublevados del 36, y eso les rindió grandes beneficios. Formaron parte de las milicias paramilitares falangistas que a caballo “limpiaron” los campos andaluces bajo las órdenes de Queipo e Llano; razias en las que participaron también de manera significativa personajes como Rafael Medina Villalonga, Duque de Medinaceli, nombrado alcalde de Sevilla en 1943 y Ramón Carranza Gómez, marqués de Soto Hermoso, que también fue alcalde de Sevilla entre 1936 y 1938, “uno de los responsables de la represión salvaje del barrio de Triana” (A. Maestre, «Franquismo S.A.», 2019).

De los Benjumea el nombre más ilustre y en mayor medida beneficiario de los favores del franquismo fue Joaquín Benjumea Burín, que perdió a un hijo falangista en los inicios de la sublevación militar en la que él también intervino activamente organizando la retaguardia bajo el mando de Queipo de Llano, siendo alcalde de Sevilla en 1938 y 1939. Posteriormente fue Ministro de Agricultura de 1939 a 1941 y luego Ministro de Hacienda (1941-1951) y Gobernador del Banco de España (1951-1963). Un amplio historial en las esferas del poder político del dictador, que le otorgó en 1951 el título de Conde de Benjumea.

Un sobrino de Joaquín Benjumea, Javier Benjumea, fundó en1941 Abengoa, siendo su tío ministro de Franco; pronto obtuvo del Estado una contrata que supuso un impulso fundamental para que la entonces pequeña compañía se convirtiera en una gran empresa: la concesión de la electrificación de RENFE, un año después de que otro tío suyo, Rafael Benjumea Burín, Conde de Guadalhorce, fuera nombrado presidente de la citada compañía ferroviaria. Nada más lejos del “hecho a sí mismo” asociado al relato ideológico de la meritocracia con el que tratan de justificarse posiciones de dominio y de poder. Desde los años 80 del siglo XX fue sobre todo el paraguas del PSOE el que cobijó los intereses de Abengoa, tejiéndose una densa red de conexiones político-empresariales que facilitó la expansión del grupo.

A la estrecha relación con la Monarquía, que concedió al fundador de la empresa el título de Marqués en 1994, se sumaron numerosos intercambios de favores con quienes en cada momento gestionaban el poder político en las instituciones del Estado, exprimiéndose el uso de las puertas giratorias. Alberto Aza, jefe de la Casa Real entre 2002 y 2011 “ponía cara a la participación accionarial que el rey Juan Carlos detentaba en la empresa”, estando José María Aznar “informado de que los Benjumea darían un paquete de acciones – ¿a cambio de qué? – al Rey Juan Carlos”…. “El hijo de Aza fue miembro del consejo de administración de Abengoa Bionergía. El mismo consejo donde se sentó Carlos de Borbón Dos Sicilias, primo del Rey”. (Carlos Pizá, “Reino de España: Abengoa, ingenieros de la conexión”. Sin Permiso, 30/10/2017).

Además de los ya citados, en la trama de conexiones aparecen nombres como los de el expresidente José María Aznar, Luis Atienza, exministro de Agricultura, el exministro de Industria Miguel Sebastián y su hermano Carlos o Ricardo Martínez Rico, “uno de los más cercanos asesores de Cristóbal Montoro desde 1996” y compañero suyo en la consultora Equipo Económico. “Abengoa, líder en energía termosolar, continuó recibiendo las primas a las renovables en contra del criterio del ministro de Industria, José Manuel Soria. Montoro, ministro de Hacienda, jugó aquí un papel fundamental. Pese al silencio mediático, la ubicación de Ricardo Marínez Recio en el consejo de Abengoa y la de su hermano Felipe como director del gabinete del ministro Montoro no pueden considerarse precisamente casuales” (Andrés Villena, «Las redes de poder en España», 2019).

Como muestra del uso de puertas giratorias valgan los casos de José Borrell, exmiembro de varios gobiernos del PSOE, que fue miembro del consejo de administración de Abengoa y presidente del consejo asesor internacional del grupo, o el de José Domínguez Abascal, mano derecha de Felipe Benjumea, al que llegó a sustituir en la presidencia en 2015 y que fue Secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica desde 2018 a enero de 2020, cargo que tuvo que abandonar tras su imputación en la investigación judicial abierta por las graves irregularidades detectadas en la parte del proyecto de AVE Meca-Medina ejecutada por Abengoa.

También en la Junta de Andalucía encontró Abengoa concesiones y ayudas a cambio de favores, pero las conexiones aquí son residuales y mucho menos trascendentes. Coincidió que las ayudas de la Junta fueron abundantes en la etapa en que una hija del entonces presidente, Manuel Chávez, estaba asociada a la empresa. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había abierto un expediente sancionador a Manuel Chávez a raíz de que la empresa minera Matsa, a la que la hija pertenecía con funciones de asesoramiento jurídico, recibió 10,1 millones de euros a través de un incentivo aprobado en un Consejo de Gobierno presidido por su padre (Diaro de Sevilla, 15/1/2011).

En consonancia con el comportamiento que veíamos en las élites vinculadas a activos agrarios y agroalimentarios en el artículo anterior y a pesar de que los Benjumea mantuvieron la sede de la empresa en Sevilla, sus intereses se protegían desde Madrid, y fue ahí donde se volcaron para conseguir influencia y para poner al poder político a su servicio.

A principios del año 2015 Felipe Benjumea aparecía en el número 19 en la lista de «Los 200 más ricos de España», (El Mundo), con un patrimonio en bolsa de 694 millones de euros. En septiembre de 2015 los 30 bancos acreedores de la empresa le daban un ultimátum para que cediera el control de la misma. Después de décadas de expansión incontrolada, de  megaproyectos cargados con sobrecostes, de generosas subvenciones recibidas de las instituciones públicas, de préstamos pedidos para proyectos aún inexistentes con los que financiaban los agujeros de los que estaban en marcha, enredando sus cuentas en una maraña de 900 sociedades, después de prácticas que iban desde crear sociedades para que la familia pudiera apropiarse de plusvalías excluyendo al resto de los accionistas hasta la manipulación de la contabilidad de la empresa como práctica generalizada, reflejando las cuentas una “notable alteración de la real apariencia de la situación económico-financiera”, como consta en el Informe de la Audiencia Nacional (Elena Sevillano, El País 3-2-2020), después de abusos en las relaciones laborales -los trabajadores le llamaban Palmatraz al campus de Palmas Altas, donde se encuentra la sede corporativa-, los herederos de Abengoa, empresa que aparentaba ser modélica dentro del IBEX-35, llevaron a la empresa a la ruina. Felipe Benjumea dejó a Abengoa con un pasivo total de deudas de 25.000 millones de euros y en ocho meses quedaron en la calle más de 5.000 trabajadores. A pesar de este enorme fraude, Felipe Benjumea se aseguró antes de irse una indemnización (¿?) de 11,5 millones de euros y 4,5 millones para su mano derecha, Manuel Sánchez Ortega.

Cuando desde la economía convencional se invoca a los mercados como fuerzas impersonales que determinan la vida de la gente se está otorgando impunidad a comportamientos parasitarios y sin escrúpulos guiados por la avaricia y el poder. Este papel encubridor de la ideología económica dominante es el que El Roto desvela cuando dice que “la economía es una rama del ilusionismo”.

Élites de poder económico en Andalucía I, por Manuel Delgado Cabeza.

Fuente: El Portal de Andalucía.

 Autor: Manuel Delgado.

En la última década (2011-2020), mientras se recortaba casi todo lo social y empeoraban las condiciones de vida de la gran mayoría de la población en el Estado español, el valor del patrimonio de las 200 grandes fortunas se ha duplicado, pasando de 129.400 a 266.500 millones de euros. Los diez mayores patrimonios pasan de acaparar un 32,1% del total de los 200 en 2011 a acumular el 47,6% del mismo en 2020 (Informe anual de El Mundo). Este enriquecimiento de los más ricos no tiene como fuente “lo productivo”, como muestra la evolución del PIB, que apenas crece en este período, ni es el resultado de trabajo, utilidad o función social alguna; es consecuencia de la mera revalorización de activos, financieros, inmobiliarios u otros; del aumento del precio de acciones y títulos adquiridos muchos de ellos con lo obtenido en revalorizaciones anteriores; “lucro sin contrapartida” como señala José Manuel Naredo en su Taxonomía del lucro. Formas de hacer dinero predominantes en esta etapa del capitalismo que engordan a una oligarquía parasitaria que ve así acrecentarse su capacidad de compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Una élite económico-política que solapa con frecuencia sus comportamientos especulativos con prácticas depredadoras de caciquismo clientelar, tratos de favor y saqueo de lo público que le permiten ampliar la apropiación de riqueza ya producida.

En 2020, de estas 200 grandes fortunas, más de la mitad están localizadas en Cataluña, Madrid y el País Vasco, concentrándose en estos centros hegemónicos la riqueza y el poder dentro del Estado. Andalucía se sitúa en la otra orilla, con 11 apellidos entre los 200 y el 2,2% del valor patrimonial[i]. Según estos datos, la élite económica andaluza ocupa un lugar residual en la distribución del poder económico dentro del Estado; en su conjunto es una élite raquítica, con dos actividades predominantes asociadas a los apellidos que la integran: la agroalimentaria y en mucha menor medida el binomio construcción y turismo. La situación periférica de Andalucía, empobrecida y subalternizada por su dedicación, -área de extracción y de vertidos-, no debe ser ajena a esta jerarquización de las grandes fortunas dentro del Estado.

La evolución de los patrimonios vinculados a los activos agrarios o agroalimentarios, sobre los que se ha venido sosteniendo históricamente el poder de las élites en Andalucía, ha experimentado en las cuatro últimas décadas una doble trayectoria. Por un lado, la parte más saneada del acervo empresarial local ha sido apropiada y/o puesta al servicio de estrategias financieras de creación y apropiación de valor por parte de grandes corporaciones transnacionales, con una fuerte pérdida de protagonismo del capital y los grupos locales de poder. La novela de Caballero Bonald En la casa del padre da cuenta de cómo para esta vieja oligarquía agraria, “centinelas de la patria” española, acostumbrada a ostentar “una preponderancia aprendida de otra preponderancia”, en los 80 del siglo pasado “todo tenía ya un áspero, un insorportable olor a decadencia”.

Dentro de este grupo nos encontramos con apellidos como Domecq, Osborne, Larios, o Carbonell, cuyos patrimonios empresariales fueron adquiridos por grandes corporaciones a partir de mecanismos apoyados en la “creación de valor” a la que antes me refería, como la emisión de títulos, deuda no exigible que les proporciona capacidad de compra y hace posible la apropiación de riqueza ya creada. En el caso de la adquisición, a finales de los noventa, del grupo Cruzcampo por Heineken (649 millones de euros), la multinacional cervecera consigue muy pronto sumar a esta apropiación la de plusvalías por valor de 300 millones de euros generadas por una operación de especulación inmobiliaria en los terrenos donde se situaba la fábrica. Para eso hubo que cambiar el plan urbanístico de Sevilla, que tenía como pilar básico “la participación ciudadana”. En una maniobra especulativa que se justifica por parte de la corporación municipal, gobernada por un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, por la búsqueda y utilización de “espacios de oportunidad” bajo el lema: «Sevilla, la construcción de un sueño». Espacios donde pueda hacerse dinero conforme a las nuevas formas de enriquecimiento, en este caso recalificando terrenos que al convertirlos en residenciales se considerarán más “productivos” por las plusvalías que se obtienen a partir de su revalorización. Utilizando la metáfora de la producción se procura la apropiación de riqueza a partir de un proceso meramente especulativo.

Con estas adquisiciones, los grupos apropiados pasan a ser piezas de un puzle gobernado desde estrategias financieras propias del capital global, utilizándose ahora una parte de los establecimientos para la distribución y/o el embotellado de marcas globales, globalizándose también los proveedores, o trasladándose la producción, como ocurrió en el caso de Larios, fuera de Andalucía, con el consiguiente deterioro de los tejidos económicos locales.

El otro camino seguido por esta burguesía agroalimentaria ha sido el de prosperar con la globalización de sus negocios o, utilizando su posición de poder, convirtiéndose en concesionarios de grandes corporaciones multinacionales. En este grupo, entre las familias que han expandido sus negocios hasta convertirlos en globales o han prosperado con la adjudicación de procesos de elaboración y distribución de grandes marcas multinacionales encontramos apellidos como González-Gordon, Osborne, Caballero, las ramas familiares Bohórquez Domecq o los Mora-Figueroa Domecq, todas fortunas ligadas en su origen a la vieja oligarquía terrateniente-bodeguera jerezana.

De los integrantes de esta burguesía vinculada al marco de Jerez quienes han alcanzado los valores patrimoniales más altos, la familia Mora-Figueroa Domecq y Ana Bohórquez Escribano (4º y 6º lugar en Andalucía en 2020), lo han hecho como concesionarios de la mayor corporación mundial de bebidas: Coca-Cola, cuya franquicia, Rendelsur, ha ido experimentando un fuerte proceso de crecimiento, llegando a ocupar durante muchos años el segundo lugar, después de Heineken, entre las empresas agroalimentarias con sede en Andalucía. La revalorización de los activos financieros de esta empresa ha sido el fundamento del auge patrimonial de estas familias.

Los Mora-Figueroa Domecq regentan hoy un extenso entramado de fincas, con 25.000 hectáreas de tierra de su propiedad, bodegas, suelo e inmobiliarias. Propietarios de grandes latifundios como Las Lomas, (12.000 hectáreas), son también los dueños del Santa María Polo Club de Sotogrande, punto de encuentro de las mayores fortunas del mundo. Como otras muchas familias de terratenientes andaluces, la familia Mora-Figueroa sobresalió por su apoyo a la sublevación militar de 1936 y al franquismo después. Como cuenta Paul Preston en el capítulo de El holocausto español “El terror de Queipo: las purgas de Andalucía”, miembros de la familia Mora-Figueroa fueron destacados integrantes de Falange y participaron activamente en la insurrección encabezando una columna junto con otros representantes de la oligarquía terrateniente jerezana que llegó a conocerse como “el Tercio Mora Figueroa” que protagonizó la toma y la represión de una parte de la provincia de Cádiz, de la Serranía de Ronda, de Málaga capital y de zonas de Córdoba y Badajoz.  El premio a esta fidelidad terminaría siendo su mejor negocio: la concesión de Coca-Cola en Andalucía y Extremadura. El reparto de las licencias de esta marca la hizo en 1951  Juan Manuel Sáinz de Vicuña, casado con María Fernanda Primo de Rivera, nieta del anterior dictador y miembro también de esta oligarquía terrateniente jerezana.

Esta vieja oligarquía agraria andaluza, que históricamente tuvo una participación decisiva en el empeño por construir un Estado-nación español, defendió siempre sus intereses “pensando en Madrid”; desde su integración en el bloque de poder dominante dentro del Estado, y desde su inserción o su influencia en las instituciones de gobierno del mismo. El reacomodo de parte de esta burguesía, que sigue ocupando un lugar importante dentro de las élites de poder económico en Andalucía, a los nuevos modos de convertir el dinero en más dinero no ha cambiado esa perspectiva sobre desde donde se protegen sus intereses.

Para ilustrar en los últimos años la conexión de estos clanes organizados con las redes de poder que garantizan la reproducción de sus posiciones de privilegio desde el Estado se puede tomar el caso de Miguel Arias Cañete, máxima expresión de las puertas giratorias y punto de intersección de diversos círculos de influencia económica y política. Casado con Micaela Domecq Solís-Beaumont, una de las mayores latifundistas de Andalucía, cuya familia recibió 1,8 millones de euros en subvenciones de la PAC mientras Arias Cañete era ministro de agricultura a través de empresas a las que él estuvo vinculado como administrador. El cruce entre los apellidos Domecq y Arias produce una densa maraña de intereses empresariales cuyo capital acumulado fue desviado en parte a paraísos fiscales, como mostraba la aparición de Micaela Domecq en “los papeles de Panamá”, en un ejemplo claro de cómo estas élites andaluzas continúan utilizando con impunidad el aparato del Estado, ampliado ahora al de la Unión Europea, para ampliar su riqueza y su poder. Continúan vigentes las palabras de Joaquín Costa en su Oligarquía y Caciquismo de 1901: El gobierno del Estado “no es un régimen parlamentario viciado por corruptelas y abusos, sino un régimen oligárquico servido por instituciones aparentemente parlamentarias donde eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituye la forma verdadera del Estado”

La Junta de Andalucía replica, acompaña y participa de este neocaciquismo desde una posición de clara subalternidad. ¿Qué hubiera dicho aquel jornalero andaluz que en la 2ª República, ante el capataz mandado por el amo para comprar su voto exclamó, negándose, “en mi hambre, mando yo” al enterarse de que los supuestos representantes del pueblo al que él pertenecía otorgaban en 2006 a Cayetana Fitz-James, Duquesa de Alba, veinte veces Grande de España, el título de Hija Predilecta de Andalucía?

[i] Para la localización de los patrimonios se sigue el criterio de ubicación espacial o residencial de las familias o individuos propietarios de los activos y no el del emplazamiento de las sedes de las empresas a los que estén vinculados.

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