Élites de poder económico en Andalucía III. Por Manuel Delgado Cabeza.

Fuente: “El Portal de Andalucía”

No pocos de los apellidos aparecidos en los artículos anteriores y otros nuevos que surgieron al calor de la burbuja inmobiliaria, encontraron en las plusvalías asociadas al negocio inmobiliario una manera fácil y rápida de hacer dinero basada en la revalorización del suelo y los activos inmobiliarios; un negocio con la llave en manos del poder político local, en el que se extendieron las prácticas caciquiles, la corrupción y las componendas relacionadas con el mismo. En la etapa de auge (1997-2008), los amos del negocio inmobiliario apoyaron su expansión en dos pilares: las cajas de ahorro y el poder político local. Las cajas de ahorro, en manos de quienes tenían el control del poder político, asumirán un papel fundamental no sólo en la financiación de los proyectos urbanísticos, sino también como actores que intervienen directamente en el negocio inmobiliario a través de sociedades participadas. Dándose la paradoja de que quienes debieran procurar, desde las instituciones políticas, la ordenación del territorio, el uso del suelo y la planificación urbanística en beneficio del conjunto de la sociedad, vienen a ser los mismos que desde el gobierno de las cajas alimentaban un modelo urbanístico en el que se “ordenó” el territorio andaluz a golpe de convenios urbanísticos urdidos en la trastienda de partidos políticos y empresas. Actuando los profesionales de la política como gestores o “conseguidores” de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto. “Votemos a los constructores y dejémonos de intermediarios”, decía un personaje de El Roto. El expolio se llevó por delante también a las cajas de ahorro andaluzas, que fueron absorbidas, salvo alguna excepción como Unicaja, por grupos bancarios localizados en Cataluña, Madrid y el Pais vasco, reforzándose así dentro del Estado la concentración del poder económico localizado en las economías centrales.

En este contexto cabe señalar que los apellidos que lideran en Andalucía el negocio inmobiliario son propietarios de grupos empresariales medianos y pequeños, como nos muestra el lugar que ocupan en el ranking español. Cuando el proyecto sobrepasa una determinada envergadura, los grupos andaluces que intervienen juegan un papel subalterno como subcontratistas o auxiliares de los grandes grupos con sede en Madrid o Cataluña. Los metros de Sevilla y Málaga pueden ilustrar esta subalternidad. En su construcción, las empresas andaluzas juegan el papel de satélites alrededor de astros como ACS, y Sacyr en el caso de Sevilla y FCC en Málaga, las tres involucradas en varios casos de corrupción y con apellidos detrás como Florentino Pérez, March, Carceller o Koplowitz, los tres últimos asociados a imperios empresariales protegidos y expandidos bajo el amparo del régimen de Franco. Los Metros de Sevilla y Málaga se construyeron con sobrecostes -costaron el doble de lo previsto-, justificados utilizando procedimientos que, según un Informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía carecían de cobertura legal.

Muchos de los capitales hechos en Andalucía al calor del ladrillo terminaron en un rosario de procesos judiciales del que quizás el más emblemático fue el conocido como caso Malaya, un entramado descubierto a mitad de la década de los 2000 que encubría los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias y otros; con personajes como Julián Muñoz o, después de la muerte de Jesús Gil, el capo de la trama,  Juan Antonio Roca, al que por aquel entonces algunos llamaban, con ese sentido del humor que aquí ha ayudado siempre a sobrellevar el malestar, “el aloe vera”, porque, “cuanto más se le investiga, más propiedades se le encuentran”.

Al margen de los procesos judiciales, el estallido de la burbuja en 2008 se llevó por delante a muchos de quienes habían conseguido, gracias a ella, hacer fortuna. Entre ellos destaca en Andalucía el caso del sevillano Luis Portillo. “Salido de la nada”, pero protegido por el PSOE y a la sombra de la Expo 92, el llamado príncipe del ladrillo llegó a acumular en 2006 un patrimonio bursátil y empresarial estimado en 3.785 millones de euros, siendo según Forbes la tercera fortuna de España. Ese año presidía tres grandes inmobiliarias: Inmocaral, Colonial y SFC. Con la presentación en 2012 del concurso de acreedores por parte del Grupo Zent Inversiones, cabecera de su holding patrimonial, llegaba el ocaso de este personaje, hoy prácticamente desaparecido. Los daños sociales y ecológicos que causó la avaricia y la ambición de riqueza y de poder de este “emprendedor” perdurarán durante muchos años.

Entre los patrimonios fraguados al amparo del negocio inmobiliario que han conseguido trascender la coyuntura de la última burbuja cabe citar a la familia Cosentino, -en quinto lugar, entre los ricos de Andalucía en 2020, con un patrimonio valorado en 550 millones de euros-, dueños del Grupo Cosentino, nacido de la extracción del mármol de Macael. Hoy a través de la sociedad Surister invierte en suelo, inmuebles y hoteles y gestiona fondos de inversión a través de Artá Capital (Grupo March). Entre las mayores fortunas de Andalucía -265 millones de euros – figura también la familia Beca Borrego (Grupo Bekinsa), con inversiones inmobiliarias, hoteleras y agrícola-ganaderas en 11.000 hectáreas de su propiedad. Son dueños de la Sicav (sociedad de inversión de capital variable, fórmula societaria creada en 1983 por el gobierno de Felipe González y utilizada en la práctica por las grandes fortunas para eludir impuestos) Almaro y sus inversiones se localizan en Andalucía, Extremadura, Portugal y Uruguay.

A menor escala cabe citar los nombres de Contreras Ramos (Grupo Azvi, primera constructora andaluza, con una importante expansión internacional, aunque en el lugar 54 en el ranking español); Sánchez Domínguez, grupo Sando, segunda constructora andaluza (76 en la clasificación española), para el que la concesión de varios tramos de la autovía A-92 se convirtió en la principal fuente de ingresos y base de la expansión del grupo. También puede mencionarse al segundo accionista de Sacyr a través de Beta Asociados, José Moreno Carretero, con inversiones en todo tipo de fondos a través de Beta Equity, sociedad de capital riesgo.

Algunos apellidos vinculados al negocio inmobiliario han conseguido, después de atravesar situaciones difíciles, salvar parte de sus patrimonios; es el caso de Nicolás Osuna, propietario del grupo NOGA, que ha experimentado una fuerte reestructuración en 2015 dando lugar a Inmobiliaria Osuna S.L., un entramado empresarial del que forman parte Noga Capital, inversora para operar con valores y activos, o la división de la cadena Hoteles Center, S.L. Osuna es también propietario de miles hectáreas de olivar, agrupadas bajo la firma Haciendas del Sur, que le convirtieron en uno de los de los mayores receptores de ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC). Como lo son otras familias andaluzas de las ya aquí reseñadas. Desde 2008 a 2016, 60 de las 200 mayores fortunas del Estado español cobraron más de 250 millones de euros en subvenciones de la PAC (eldiario.es 28-03-2016). Tres “grandes familias” afincadas en Andalucía encabezan la clasificación: Los Mora-Figueroa Domecq, con 50 millones de euros, los Domecq, con 37 y la familia Hernández Barrera, con 29. 

Aunque muchos de los negocios inmobiliarios anteriormente reseñados han crecido a la sombra del “desarrollo” turístico, el territorio andaluz se ha convertido en una pieza central para las grandes cadenas turísticas globales, estrechamente vinculadas al capital financiero e inmobiliario, de tal modo que en Andalucía apenas existen hoy patrimonios de cierta entidad vinculados al negocio turístico local. Entre la relación de los cien primeros grupos hoteleros en 2018 dentro del Estado, sólo cuatro tienen su sede en Andalucía y de entre ellos, solo dos pertenecen a familias con patrimonios de cierta entidad.

Uno es el grupo Center, propiedad de Nicolás Osuna, terrateniente y constructor a quien nos referimos antes. El otro es el Grupo Hoteles Playa, propiedad de la familia Rossell, asentada en Almería. La expansión de este grupo fue impulsada por Unicaja y el primer escándalo en el que se vió envuelto José María Rossell, casado con la entonces senadora del PP María del Mar Agüero, vino como resultado de la investigación de la trama asociada a la operación Malaya. El Hotel Senator de Marbella, perteneciente a Hoteles Playa, fue precintado en 2006 después de que su licencia de obra, otorgada por el alcalde Julián Muñoz, hubiera sido declarada ilegal y suspendida en 2004 por el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. Más adelante, en 2010 fue detenido, considerado testaferro de Dimas Martín, expresidente del Cabildo de Lanzarote y epicentro de un importante entramado de corrupción en la isla. La entrada de Rossell en negocios vinculados a la familia Martín coincidió con la concesión a aquel de una licencia de obras para construir un hotel de cinco estrellas en Lanzarote que no se vio concluido porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia por haber sido concedida por el ayuntamiento presidido por Dimas Martín de forma irregular. A pesar de su papel clave en estos casos de corrupción, José María Rossell y su grupo empresarial aparecen hoy como modelo a seguir, habiendo recibido numerosos premios y reconocimientos, entre otros el nombramiento por parte de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía como “Mejor empresario del Sector Turístico”. En otro ejemplo más de asociación entre carencia de escrúpulos y éxito empresarial.

Vuelve a evidenciarse aquí el predominio de las formas de apropiación de riqueza a partir de extraer plusvalías de un valor que no tiene que ver con la función del empresario como productor de mercancías, sino que se obtiene a través de meros procesos especulativos, de revalorización de activos, dando lugar a la acumulación y concentración de la riqueza en manos de unos pocos por desposesión y/o adquisición de lo que pertenece a la mayoría. En un contexto en el que no es el “libre” mercado el que organiza la economía sino los intereses y el poder de quienes son capaces de imponer las reglas del juego poniendo al sistema político y a otras instituciones del Estado a su servicio; la idea de mercado encubre así el gobierno del poder económico y las relaciones de dominación sobre los procesos de toma de decisiones económicas, sociales y políticas.

Las élites económicas son hoy la encarnación más cruda del homo economicus, de su orden patriarcal y colonial, un hombre que actúa sin restricciones morales o éticas, utilizando a los demás y a la naturaleza como meros instrumentos para satisfacer su ambición insaciable de riqueza y de poder. Desde una individualidad inventada negando los cuidados y las emociones ligadas con las relaciones afectivas. Desde una racionalidad para la que lo indispensable es inútil.

Cuando el coronavirus pone más en evidencia que somos vulnerables, interdependientes y ecodependientes, (yo soy si tú eres), estas élites parecen haber encontrado, en una pandemia que todo apunta a que tiene mucho que ver con la depredación propia del homo economicus, las condiciones idóneas para extender una digitalización, que en nombre de la tecnolatría y el “progreso” acentuará el aislamiento y la disolución de los vínculos comunitarios, facilitando así el control social, y el sometimiento a los designios del Poder. En un momento en el que, si queremos evitar la barbarie, es urgente cambiar la necesidad de dominar por la fuerza que dan el compartir, las raíces y los vínculos con los demás. Comunidad frente a dominación. En esta encrucijada estamos.

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